Sin embargo, reducir los gastos de partidas esenciales, como es sin duda la educación, incide directamente en el futuro desarrollo del país. Un país sin educación es un país sin futuro y esto es algo que todos debemos tener muy presente.
El papel de las políticas públicas, es decir, el papel del Estado en el ámbito de la educación, se justifica desde diversos puntos de vista. A lo largo de este post analizaremos la importancia que tiene para una sociedad el gasto público en educación, sus ventajas y los también existentes inconvenientes de una intervención pública.
En primer lugar, si atendemos a la equidad, ayuda a que la posibilidad de movilidad social sea un hecho, de forma que la población no tienda a situarse en un territorio en el que el nivel educativo sea mayor por un bajo nivel de equidad entre territorios. Además, es el Sector Público el encargado de garantizar la igualdad de oportunidades para su población, siendo la educación un bien preferente.
En segundo lugar, si atendemos a la eficiencia, se puede justificar desde el punto de vista de las externalidades positivas derivadas de una población con buen nivel educativo. No debemos olvidar que la información imperfecta impediría el justo desarrollo de planes de educación privados, por lo que se observa claramente la necesidad de intervención, así como la existencia de mercados incompletos.
Por último, desde la óptica del crecimiento y la estabilidad, es imprescindible el aumento del capital humano y la mejora de la posición competitiva del país, de forma que sea capaz de adaptarse a los cambios económicos del entorno.
Pero, aunque la gestión pública de la educación ha traído consigo numerosas ventajas y un gran desarrollo, existen críticas a tal intervención basadas fundamentalmente en el actual descontrol existente y la falta de consenso sobre los modelos óptimos aplicables, así como los bajos resultados que cosecha nuestro país a la luz de los resultados del informe PISA.
Sin embargo, estos inconvenientes a la gestión pública no justifican en ningún caso la eliminación de dicha intervención, ni disminuyen la importancia de la misma, tan solo señalan la necesidad de que dichos planes sean coordinados y coherentes, así como la de que tengan una continuidad en el tiempo, un aspecto, este último, del que nuestro país sufre constantemente.
Los cambios de color político se han convertido en un precedente del cambio en la legislación educativa aplicada, generando inestabilidad y poniendo de manifiesto la falta de consenso existente sobre este aspecto fundamental, considerado, como ya se ha dicho, un bien preferente.
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