Actualmente se encuentra en boca de todos pero, ¿qué es lo que implica realmente esta impopular medida? Se trata del pago por parte del usuario de un porcentaje del coste de la asistencia sanitaria, estimando cuál es el coste de la atención recibida y pagando una parte de ese coste. El copago más conocido y generalizado en España es aquel aplicado sobre las medicinas. Dicha política presenta determinadas ventajas e inconvenientes.
Empezando por estos últimos, supone para los individuos de baja renta una posible reducción de la demanda de estos servicios con la presumible intención de evitar el gasto. El problema principal reside en que las personas no suelen estar capacitadas para decidir qué demandas de servicios pueden reducir sin perjudicar su salud.
Por otro lado, como posible ventaja, podríamos señalar que parece un elemento, más que recaudador, concienciador para la sociedad del gasto que supone para las arcas públicas un servicio como es el sanitario, es decir, aumentar la visibilidad de los costes sanitarios de forma que los usuarios fuesen conscientes de la importancia de no abusar de estos servicios.
Como inconveniente a esta idea se encuentra el hecho de que es el médico quien decide el tratamiento que deberá seguir el paciente, por lo que es poco probable que el copago o ticket moderador vaya a reducir la demanda.
Imponer un copago solo a individuos con mayores rentas plantea no solo problemas de aplicación y gestión, sino también de inequidad para aquellos individuos para los que estar 100 euros arriba o abajo les suponga pagar o no por los servicios sanitarios.
Además, pagar en función del IRPF genera distorsiones y un doble pago: Una vez mediante los impuestos y otra a través del copago. A estos individuos puede que al final les salga más a cuenta contratar servicios privados y convirtamos los servicios públicos sanitarios en algo residual y poco costoso, solo para pobres y desamparados. Un sistema de salud basado en el pago por los servicios nos lleva a una sociedad que no esté protegida y en la que las diferencias sean cada vez más sustanciales.
Según apunta Repullo, en este recomendable artículo, debemos tener muy presente la conocida frase: “Un Sistema Nacional de Salud para pobres es un pobre Sistema Nacional de Salud”.
Sin embargo, lo cierto es que España necesita efectivo. La deuda ya no se financia como antes y el Gobierno ya no sabe qué partidas tocar. Después de la medida anunciada por el Ejecutivo de recortar 10.000 millones de euros en educación y sanidad, ha llegado, tras celebrarse el Consejo Interterritorial de Salud, una medida que atenta directamente contra uno de los sectores más vulnerables de la población.
La medida contempla el pago por parte de los pensionistas de un 10% de sus medicamentos, hasta un máximo de ocho euros mensuales, o un 20% si se cobra la pensión máxima, hasta un máximo que será en este caso de 18 euros mensuales.
Este tipo de medidas, en un país con más de ocho millones de personas mayores de 65 años, supone un riesgo para el tan debilitado Estado de Bienestar. Aunque los enfermos crónicos se verán sometidos a un régimen especial, no existen garantías de que los servicios de salud vayan a ser usados de forma correcta. Además, una disminución en la compra de fármacos por parte de aquellos que dispongan de rentas insuficientes para llegar a final de mes desembocará en un gasto social mayor en sanidad ya que, si se salta la prevención, el tratamiento será más costoso, tal y como ya se ha apuntado al inicio de este post.
Por último, una probable consecuencia de esta medida será el incremento de las diferencias sociales dentro de este grupo de población, donde los más vulnerables deberán ingeniárselas para repartir una escasa pensión entre gastos cada vez más elevados, como la subida del gas o la luz, disminuyendo la ya casi inexistente equidad entre la población.
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