El déficit ahoga y aprieta cada vez más. Esta realidad se ha cobrado como últimas víctimas las futuras centrales de energías renovables mediante un Real Decreto Ley anunciado por el Gobierno que pretende suspender la concesión de primas a nuevas instalaciones no solo de energía, sino también de residuos y cogeneración. Esas centrales por las que se debe apostar, ese tipo de energía que defienden los expertos medioambientales, la única salida hacia un mundo más sostenible ha sido arrasada.
Cierto es que el sistema eléctrico arrastra un déficit público que alcanza ya los 24.000 millones de euros, pero este freno a la producción de energías limpias puede acarrear graves consecuencias. La dependencia de importaciones de crudo se incrementará y no repercutirá precisamente de forma positiva en el déficit.
Según el Gobierno, las energías renovables han crecido en exceso, especialmente las centrales de tecnología termosolar, y si no se frena esta tendencia, el déficit eléctrico aumentará entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, según advirtió el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. La inoportuna suspensión no tendrá carácter retroactivo, pero afectará a todas las instalaciones que todavía no hayan sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial.
Pero, ¿Es realmente necesaria una medida como esta?, ¿Se conseguirá ese “mix equilibrado” que pretende el Gobierno? La realidad, sin embargo, presenta unas previsiones mucho menos halagüeñas para los consumidores, que podrían ver afectada la factura de la luz. Actualmente esta factura está compuesta por dos partidas de igual cuantía. Por un lado, la subasta, según los costes de las empresas eléctricas, y, por otro, los peajes, impuestos por el Ejecutivo. Es evidente que los costes de las compañías van a incrementarse desde el momento en que las subvenciones sean retiradas, y lo más preocupante es si las familias podrán hacer frente a un nuevo dispendio.
Según datos de de la Comisión Nacional de la Energía, en 2011 se destinaron 6.409 millones de euros en primas a las centrales de este tipo, un gasto mucho menor al empleado en países como Dinamarca, donde llevan apostando por este tipo energías limpias desde hace décadas.
El Gobierno no ha ofrecido una estimación clara especificando el ahorro que supondrá la implantación de esta medida, pero prevé economizar unos 160 millones de euros. Se trata de una cifra que a priori puede resultar elevada. Sin embargo, los costes asociados a esta medida son muy superiores.
Las relaciones con países ricos en petróleo deberán reforzarse creando más dependencia de las férreas dictaduras del crudo, con lo que esto supone en términos políticos. Además, se trata de una apuesta encubierta por la energía nuclear que tan mala fama ha recogido durante los últimos años, ya que no solo desaparecerá el excedente de energías producido por las centrales limpias, sino que la producción total se verá afectada. Una medida controvertida que puede traer peligrosas consecuencias en el futuro.
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